La propuesta de ARENA no pasa por crear nuevos entes reguladores, sino por un compromiso de dar a los actuales más “fuerza”, y en el caso de la Superintendencia de Competencia de hacer valer sus multas, que por hoy, una vez llegan a la CSJ, quedan sin efecto.
El equipo que trabajó el plan de gobierno de Rodrigo Ávila reconoce como válidos los instrumentos de regulación a abusos del mercado ejecutados en la administración Saca, pero apuesta por imprimir “más fuerza” a las entidades encargadas de regular sus abusos.
El mayor cambio propuesto por el equipo de abogados que, encabezó Luis Mario Rodríguez, elaboró los apartados de reforma política y jurídica de la plataforma arenera, tiene que ver con la relación de poderes entre los órganos Ejecutivo y Judicial, en vista de que desde noviembre de 2007 el Órgano Judicial, a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo, ha suspendido todas las sentencias dictadas por la Superintendencia de Competencia, tras las denuncias de las empresas. Algo que la misma SC ha calificado como “invasión”.
“Creemos que es necesario que la SC sea capaz de ejecutar por sí misma sus multas, que no tenga que recurrir a otras instituciones para hacer valer las multas punitivas cuando se descubren situaciones anticompetitivas”, resumió Ricardo Mena Gue-rra, encargado de este tema dentro del programa de gobierno 2009-2014 “País más justo”.
“El tema es que esto de la competencia no es solo jurídico, sino también sociológico”, explica el abogado, para profundizar en su análisis: “Creo que en cierta medida, y ahí con todo respeto, el Órgano Judicial debe llegar a comprender en este tema que las resoluciones que sancionan cuestiones anticompetitivas son de orden público, o sea nos dañan a toda la comunidad”.
La Superintendencia de Competencia tiene tres años de haber iniciado labores, y en los últimos dos años ha sancionado por prácticas anticompetitivas a compañías petroleras, distribuidoras de energía eléctrica, harineras y compañías telefónicas.
Sin embargo, la SC no puede hacer efectivos los cobros de las multas, ya que las empresas han acudido a la CSJ, instancia que ha suspendido el acto reclamado, mientras realiza sus propias indagaciones, lo que podría demorar varios años.
“La regla general debería ser, que a pesar de que ella (la CSJ) admita demandas de este tipo, porque es un derecho que el ciudadano y los agentes económicos tienen, no suspender la resolución de la SC”, sostuvo Mena.
Reformas legales
“Hay propuestas de reformas a la ley de la jurisdicción contencioso administrativo”, resume Rodríguez la apuesta jurídica para superar “impasses” como el surgido entre Corte y Competencia.
También están en la mira modificaciones a las leyes orgánicas de la misma superintendencia y de la Defensoría del Consumidor. “Es necesaria más fuerza”, reconoció Rodríguez.
“Por lo que hemos visto en el ámbito de competencia y el ámbito de defensoría hay debilidades que deben reforzarse, para seguir ordenando el mercado, y que grandes y pequeños puedan competir y que las barreras que se crean simplemente las eliminen”, aseguró el abogado, quien también fungió como secretario jurídico de la Presidencia en esta administración.
Las enmiendas que el equipo propone también tienen que ver con el fortalecimiento presupuestario de estas autónomas, en donde también se incluye a la Autoridad Marítima Portuaria, así como aspectos relacionados al cumplimiento de pesos y medidas exactas, en el caso de la defensoría, así como de un mecanismo de resarcimiento de daños.
“Hablamos de fortalecimiento presupuestario a los entes reguladores para que cuenten con mayor plata para sus estudios, tener a tiempo completo a funcionarios, etc.”, ejemplificó.
No injerencia
Rodríguez, sin embargo, busca alejarse de la idea de que en el plan se contemple un Estado más inmiscuido en los quehaceres del ámbito privado. “En ningún momento el plan de Rodrigo Ávila es intervencionismo o llegar más allá de lo que las reglas del mercado nos han venido dando”, aseguró.
El equipo también ha propuesto el fortalecimiento de la Autoridad Marítima Portuaria, activar y coordinar el Sistema Nacional de Protección al Consumidor, reformar la estructura del consejo directivo de la SC y el Tribunal Sancionador de la DC, entre otros.
En su apartado de fortalecimiento institucional, este equipo de Ávila propone una ley de partidos políticos, que permita abrir “de manera más clara las finanzas de los partidos”, según Rodríguez, quien, sin embargo, reconoce que el punto se antoja difícil, sobre todo porque lleva años discutiéndose en la Asamblea Legislativa y ningún partido político ha dado muestras de aprobar una ley similar.
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