Programas de consolidación de deudas y flexibilización de condiciones para buenos clientes de la banca, la deducción de impuesto de la renta para la obtención de la primera vivienda, reglas más claras en la contratación de créditos, incentivos para la instituciones financieras que promuevan estos planes y controles más eficientes para combatir abusos tanto de empresas como de consumidores, comprende el plan de alivio para la clase media que anunció ayer el candidato a Presidente, por ARENA, Rodrigo Ávila.
Dichas estrategias forman parte de la plataforma de gobierno que Ávila presentará la próxima semana, no sólo para desarrollarla durante el quinquenio 2009-2014, sino más a corto plazo para enfrentar la crisis financiera global, según explicó en una amplia entrevista con El Diario de Hoy.
Para esto el candidato propiciará un gran "pacto social", que promueva la solidaridad, la responsabilidad y el desarrollo no sólo de empresas para con trabajadores y comunidades, sino también de estos últimos hacia las primeras, como los que permitieron a Alemania y otros países emerger de la devastación en la que los dejó la Segunda Guerra Mundial.
Aclarando que no busca promover "paternalismos" ni afectar el libre mercado, afirmó que quiere más bien consolidar "un gobierno diferente, un gobierno ciudadano, que sea incluyente", es decir, que no propicie la lucha de clases sino que unifique en función del país y que permita a las familias enfrentar con éxito la crisis, que podría afectar al país en el segundo trimestre de 2009.
En este sentido, expresó que promoverá que mediante líneas de financiamiento del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) y otros mecanismos crediticios de la banca estatal, así como con incentivos a la banca privada, se propicie la consolidación de deudas, se hagan planes especiales para reestructurar los créditos de quienes son buena paga pero han tenido baches financieros y se propicien reformas para que no haya abusos como atar a tarjetas de crédito con altos intereses a quienes necesitan créditos razonables para cancelarlas, pero también que esto no se preste para abusos de irresponsables.
"Parte de nuestro programa es sentarnos con los banqueros y diseñar una política en la que a nivel de las superintendencias se les flexibilicen, sin que llegar a tener un descontrol, ciertas regulaciones para que puedan ellos sostener esta flexibilidad con sus clientes... Lo que necesitamos es un balance", explicó.
Con tal propósito, anunció que en los próximos días se reunirá con la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa) para exponerle el plan y pedirle la colaboración.
"Todos tenemos un papel que jugar. Es una especie de pacto social. El secreto es generar un sentimiento solidario y de identidad nacional, en que el éxito es de todos y nadie lo acapara para sí mismo", explicó.
Citó el caso de personas que están atadas a las tarjetas de crédito con altos intereses porque no les quieren reestructurar la deuda en créditos personales.
Al respecto, dijo que se fortalecerá a las instituciones que deben defender los derechos de los consumidores, pero también se vigilará que no cometan abusos, así como se darán incentivos a las empresas y se erradicará la burocracia exacerbada, la tramitología innecesaria y la corrupción.
"Hemos visto cómo bajó el precio de los combustibles, pero no ha bajado el precio de los insumos y allí tenemos que hacer un esfuerzo, no para que el Estado intervenga directamente o inquisitivamente, sino que sus instituciones actúen en el marco de la legalidad y sea un gran motivador de la solidaridad", explicó.
Por lo mismo se pronunció por la promulgación de una ley que regule las tarjetas de crédito, que evite las tasas de usura y que defina claramente las reglas de los contratos, a fin de que no haya sorpresas con la letra pequeña, así como que se fortalezca a la banca estatal para llevarla a niveles importantes de sana competencia y emisión de créditos en la cadena productiva que dinamicen la economía del país. "Necesitamos poner un semáforo, no para intervenir abusivamente, sino para evitar ciertas prácticas, que no se ven en otros países como el manejo antojadizo en tasas de interés, el pago de servicios bancarios, las reglas de la calificación crediticia, pero también tenemos que aumentar la capacidad de los bancos de exigir responsabilidad sin que sus procedimientos sean leoninos", observó.
Para el caso, cuestionó la práctica de instituciones financieras de dar un 90 por ciento de un crédito para vehículo, pero contratar un seguro por el ciento por ciento que les será entregado a ellas si hay pérdida o siniestro. "Una de las claves es agrandar la letra chiquita", enfatizó.
Ante esto estuvo de acuerdo con que los bancos deben utilizar los fondos que reciban del préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para aliviar al sector productivo y al público, de manera que la economía se revitalice.
"En el BMI tenemos un gran potencial, pero tenemos que hacerle reformas legales mínimas para que se convierta en un gestor de segundo piso a un banco que pueda trabajar de manera directa, con mucha mayor facilidad, para colocar créditos productivos", agregó.
"No es que vamos a rechazar la inversión extranjera (banca internacional), pero vamos a fortalecer lo que es nuestro, sobre todo para orientarla a las actividades productivas
Tomado de www.elsalvador.com
martes, 27 de enero de 2009
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